- Más de 34 mil de víctimas de desplazamiento forzado participan en los programas para construcción de la justicia social que implementa la entidad en Caldas.
- El director Gustavo Bolívar recordó que Prosperidad Social participa en la construcción de la Política pública de soluciones duraderas para la población desplazada internamente en el país.
“El rediseño de las políticas y los programas de Prosperidad Social responde al compromiso del Gobierno del Cambio en ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado”. En el marco del Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, el director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, recordó así la deuda que el Estado tiene con esta población y ratificó el compromiso del gobierno con su reparación y con la construcción de la paz total.
La atención vigente cubre a más de 34 mil víctimas de desplazamiento forzado, con programas de transferencias monetarias y de atención integral para el desarrollo productivo y la seguridad alimentaria.
“Prosperidad Social Caldas para el 2024 logró dispersar transferencias monetarias para 34 mil familias víctimas del conflicto armado en el departamento. Desde Prosperidad Social ratificamos nuestro compromiso con esta población tan vulnerable con la intención de que puedan rehacer su vida”, dijo Katherine Osorio Piedrahíta, gerente regional Caldas.
En Caldas, mediante los programas de transferencias monetarias, se atendió a 6.635 adultos mayores a través de Colombia Mayor; Devolución del IVA, 7.501 personas; Renta Ciudadana, 18.306; y Renta Joven, 1.577.
Aunque esa es la mayor parte del volumen de la inversión, otros programas más concentrados en la intervención integral han sido fundamentales para lo que la entidad aporta a la reparación y para el camino de transformación hacia las soluciones duraderas. Familias en su Tierra es un programa de atención integral, que en 2024 destinó 7.115 millones para acompañar 771 hogares víctima de desplazamiento en su camino hacia la integración social y comunitaria, el acceso a alimentos para autoconsumo, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos.
El presidente Gustavo Petro y el director de la entidad han insistido en que los programas sociales deben fortalecer a la población y el tejido social que han construido para que dejen que depender de las ayudas al Estado. En esa línea, Prosperidad Social participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, que busca contribuir a la garantía de derechos y transformación de proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado.
“Desde el año pasado, estamos trabajando muy de la mano con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación en la construcción de este CONPES, en tres focos de intervención: articulación y coordinación interinstitucional; aplicación efectiva de los principios de concurrencia y complementariedad para la articulación entre la nación y los territorios; y adecuación institucional y de oferta programática para prestar servicios sociales adecuados que fortalezcan las capacidades de la población y contribuyan a la cohesión social”, informó Bolívar.
El objetivo del CONPES es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.
En 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %, informó el DANE en la más reciente medición. Son 4 puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. más con respecto a la incidencia nacional (fue de 33 % en 2023). Son cifras que demuestran que la situación de desigualdad del país es peor para las víctimas del conflicto. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).
